Mientras el Ejecutivo defiende la medida por razones de salud pública, gobernaciones y gremios advierten sobre graves consecuencias económicas y sociales. El Gobierno justifica el alza impositiva citando un récord histórico en el consumo de alcohol en Colombia, que alcanzó los 3.200 millones de litros al año, y se apoya en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que avalan los impuestos como una herramienta efectiva para reducir el consumo y prevenir enfermedades. Sin embargo, la propuesta ha encendido las alarmas en varios departamentos, cuyas finanzas dependen en gran medida de estos gravámenes.

La Secretaría de Hacienda del Cauca advirtió que el 60% de los ingresos propios del departamento proviene de estos impuestos, los cuales se destinan a salud, educación y deporte. Una simulación realizada por esta dependencia mostró que el impuesto sobre una botella de aguardiente podría aumentar cerca de un 80% para 2026, pasando de 18.386 a 33.600 pesos. De manera similar, la Gobernación del Valle del Cauca alertó que un incremento de esta magnitud podría favorecer el contrabando y el consumo de productos adulterados, afectando tanto las rentas departamentales como la salud pública. La directora de Prolicores, Catalina Lasso, señaló que un aumento de hasta el 40% en los impuestos “no solo amenaza la industria, sino miles de familias que dependen de ella, especialmente quienes trabajan en restaurantes, bares, hoteles y eventos”. Ante este panorama, se ha hecho un llamado a los congresistas para que analicen el impacto territorial de la medida antes de su aprobación.