Partidos como Cambio Radical han manifestado su rechazo total, argumentando que “el país no necesita más impuestos ni promesas vacías” y que el ajuste fiscal debe realizarse mediante un recorte del gasto.

De manera similar, el Partido Liberal decidió de forma unificada oponerse a la imposición de más gravámenes.

Representantes del Centro Democrático también han desestimado el proyecto, afirmando que afecta a la clase media. La representante Katherine Miranda, del Partido Verde, aseguró que “no hay ambiente político” para la reforma. Además del panorama político, el tiempo juega en contra del Gobierno.

Los ponentes tienen hasta mediados de noviembre para presentar su informe, lo que dejaría solo cinco semanas de sesiones ordinarias hasta el 16 de diciembre para realizar los cuatro debates requeridos para una ley de este tipo.

Si no se aprueba este año, su trámite podría reanudarse en 2026, pero su vigencia se aplazaría hasta 2027, impidiendo que el gobierno actual se beneficie del recaudo esperado. A pesar de este escenario, el Gobierno insiste en la necesidad de la reforma y buscará consensos para modificar el proyecto y lograr su aprobación, aunque sea con un alcance menor al inicialmente planteado.