Durante el periodo de consulta, se recibieron más de 170 comunicaciones y comentarios que advertían sobre los posibles efectos negativos de la medida. La principal preocupación, según el director de la DIAN, Carlos Betancourt, era que “la retención generalizada del 1,5%, aunque apuntaba a corregir la asimetría regulatoria [...], podría impulsar el uso desmedido del efectivo”. Un aumento en el uso de efectivo, a su vez, “debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones, que es una herramienta útil en nuestra lucha contra la evasión y el contrabando”.

Atendiendo a estas preocupaciones, el Gobierno dio marcha atrás.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó que la intención de equidad se mantiene, “pero ya no según una retención del 1,5% sino una retención del 0%”. Con esta modificación, no solo se descarta el nuevo gravamen para las billeteras digitales, sino que también se elimina la retención existente para los pagos con tarjetas, unificando todos los medios de pago electrónicos con una tarifa cero.

La medida fue celebrada por gremios como Colombia Fintech, que la calificaron como un avance para la inclusión financiera y la economía digital.