Congresistas como la representante Katherine Miranda han señalado que “no hay ambiente político” para la reforma, y Olga Lucía Velásquez advirtió que “los tiempos están muy ajustados”.

Si el proyecto no se aprueba en 2025, podría retomarse en febrero de 2026, pero su entrada en vigencia se retrasaría hasta 2027, impidiendo que el gobierno actual vea el aumento en los ingresos. A pesar de la urgencia, el Gobierno ha manifestado su confianza en lograr los consensos necesarios para asegurar los $16,3 billones que considera cruciales para la financiación del presupuesto.