El Gobierno Nacional impulsa en el Congreso una nueva reforma tributaria, o Ley de Financiamiento, con la que busca recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La iniciativa enfrenta un ambiente político adverso y el rechazo de gremios empresariales, quienes advierten sobre su impacto negativo en la economía. El proyecto es considerado crucial por el Ejecutivo para cerrar la financiación del presupuesto de $546,9 billones aprobado para 2026. La meta de recaudo se ajustó de $26,3 billones a $16,3 billones, lo que llevó al Gobierno a descartar propuestas polémicas como el IVA a la gasolina y la cerveza. Sin embargo, el texto mantiene gravámenes al patrimonio, la renta, el sector financiero y tributos ambientales, además de proponer un IVA del 19% para productos importados actualmente exentos.
La reforma ha encontrado una fuerte resistencia en el Congreso.
Partidos como Cambio Radical y el Partido Liberal han anunciado su rechazo unificado, argumentando que el país no necesita más impuestos. El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, afirmó que aunque se requiere una reforma estructural, “no es esta que afecta a la clase media y de a pie”. El ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, ha defendido el proyecto como indispensable para el ajuste fiscal y la inversión pública, asegurando que el Gobierno no tiene un “plan B”.
La discusión formal iniciará a mediados de noviembre, con un cronograma ajustado que añade presión al debate.
En resumenLa reforma tributaria del Gobierno busca recaudar $16,3 billones para financiar el presupuesto de 2026, pero enfrenta una fuerte oposición política y gremial. Partidos como Cambio Radical y el Liberal han manifestado su rechazo, mientras que el Ejecutivo insiste en que su aprobación es crucial para la estabilidad fiscal del país.