En respuesta a los rumores, la DIAN emitió comunicados oficiales aclarando que “no se han decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobro coactivo a ninguna empresa importadora de combustibles”, pero reafirmó que “los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo”. La entidad precisó que los procesos actuales son de fiscalización y verificación, garantizando el derecho a la defensa. La disputa, que también involucra a Ecopetrol por una reclamación separada de 7,5 billones de pesos, evidencia un choque de interpretaciones legales con potenciales consecuencias macroeconómicas.