La propuesta inicial del Gobierno buscaba unificar la carga tributaria entre los pagos con tarjetas de crédito y débito, que ya tenían una retención del 1,5%, y los sistemas de pago electrónico de bajo valor como Nequi, Daviplata y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. La intención, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, era “nivelar las reglas del juego”. Sin embargo, el borrador del decreto generó una fuerte oposición, recibiendo más de 170 comentarios de ciudadanos, gremios y empresas del sector financiero durante el proceso de consulta pública.

La principal preocupación, compartida tanto por el sector privado como por la DIAN, era que la medida podría tener un efecto contraproducente. El director (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, señaló que una retención generalizada “podría impulsar el uso desmedido del efectivo, lo cual debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones”.

Ante esta reacción, el Gobierno modificó drásticamente el proyecto, no solo eliminando la nueva retención para pagos digitales, sino también la existente para pagos con tarjeta, unificando la tarifa en 0% para ambos. El ministro Ávila explicó que esta nueva medida “afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad”.

La decisión fue celebrada por gremios como Colombia Fintech, cuyo presidente, Gabriel Santos, la calificó como un “avance histórico para la economía digital”.