Los $16,3 billones que el Gobierno espera recaudar con esta ley son indispensables para cubrir el monto total de gastos aprobado por el Congreso, que asciende a $546,9 billones. El presupuesto para 2026 fue aprobado con un desfinanciamiento estructural que la reforma tributaria está diseñada específicamente para subsanar. El Ministerio de Hacienda ha sido enfático en que estos recursos son cruciales para mantener la inversión pública, ejecutar programas sociales y cumplir con la senda de la Regla Fiscal. El ministro (e) de Hacienda, Carlos Betancourt, afirmó que no existe un “plan B” y que la aprobación de la ley es fundamental, señalando que “a todo gobernante le gusta gobernar con plata, por lo que a todas las fuerzas políticas les va a convenir la aprobación de la ley de financiamiento”. La meta de recaudo de la reforma fue ajustada a la baja, desde una propuesta inicial de $26,3 billones, para alinearla con un recorte de $10 billones que el Congreso realizó al presupuesto durante su trámite. Este vínculo directo hace que el debate tributario sea de suma importancia estratégica; si la ley no se aprueba antes de finalizar el año, el presupuesto quedaría parcialmente desfinanciado, lo que obligaría al Gobierno a realizar recortes significativos que podrían afectar sus compromisos y la estabilidad de las cuentas públicas.