Sin embargo, el proyecto enfrenta un panorama complejo, marcado por un ambiente político poco favorable y un calendario legislativo extremadamente ajustado para su aprobación este año. La designación de los ponentes, quienes tienen la responsabilidad de redactar el texto para el primer debate, es un paso procesal clave. Este grupo, compuesto por 27 representantes de diversos partidos en las comisiones Tercera y Cuarta, tiene un plazo máximo de 15 días calendario para presentar su informe, lo que sitúa el inicio de las discusiones formales hacia mediados de noviembre. Esto deja apenas cinco semanas antes del fin de la legislatura ordinaria, el 16 de diciembre, para realizar los cuatro debates que requiere una ley de esta naturaleza.

Varios congresistas ya han expresado sus dudas sobre la viabilidad del proyecto en este corto tiempo.

La representante Katherine Miranda aseguró que “no hay ambiente político”, una percepción compartida por Olga Lucía Velásquez, quien advirtió que “los tiempos están muy ajustados”.

Un sondeo de Valora Analitik concluyó que la propuesta no goza de respaldo mayoritario, con bancadas como las de Cambio Radical y el Partido Liberal anunciando su voto en contra. El Gobierno deberá desplegar una intensa capacidad de negociación para construir consensos y evitar que la falta de tiempo y apoyo político termine por hundir o aplazar la iniciativa hasta 2026.