Dentro de la reforma tributaria, el Gobierno ha propuesto un aumento en los impuestos a las bebidas alcohólicas, una medida que ha generado un intenso debate entre la defensa de la salud pública y los intereses económicos de la industria licorera. La propuesta busca desincentivar el consumo en un país que ha alcanzado cifras récord. El principal argumento del Gobierno se centra en la salud pública. Con un consumo anual de 3.200 millones de litros de alcohol en Colombia, los promotores del impuesto, apoyados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), sostienen que precios más altos reducen el consumo y, por ende, las enfermedades no transmisibles asociadas. La OMS afirma que “los impuestos sí funcionan y tienen mayores beneficios sanitarios cuanto más alto sea el impacto en los precios”.
La propuesta incluye un cambio en el esquema para la cerveza, buscando gravarla por grados de alcohol y no solo por precio.
Sin embargo, la industria ha reaccionado con alarma.
Catalina Lasso, directora de Prolicores, advirtió que un aumento de hasta el 40% en los impuestos “no solo amenaza la industria, sino miles de familias que dependen de ella”, afectando a sectores como restaurantes, bares y hoteles. Adicionalmente, la Gobernación del Valle del Cauca expresó su preocupación de que un alza impositiva podría aumentar el contrabando de licor y cigarrillos, afectando las rentas departamentales. Ante la presión, el presidente Gustavo Petro anunció que se retiraría el IVA a la cerveza, aunque la situación de otros licores sigue siendo un punto de tensión en el debate.
En resumenEl impuesto a las bebidas alcohólicas se ha convertido en uno de los puntos más polémicos de la reforma tributaria, enfrentando la agenda de salud pública del Gobierno con las advertencias de la industria sobre el impacto económico y el riesgo de ilegalidad. La exclusión de la cerveza muestra la complejidad de la negociación, pero la incertidumbre persiste para el resto del sector.