Esta iniciativa surge como una respuesta directa a un fallo de la Corte Constitucional que invalidó la normativa anterior, obligando al Ejecutivo a legislar sobre la materia a través del poder legislativo. El contexto de este proyecto es la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el Decreto Ley 920 de 2023. La Corte argumentó que el Congreso no puede delegar al Gobierno la expedición de códigos completos, ya que esto excede las facultades extraordinarias. Para subsanar el vacío normativo, el Gobierno, a través de la DIAN, formuló una nueva propuesta con el objetivo de modernizar y simplificar el marco legal. El proyecto plantea una reorganización profunda del sistema, reduciendo el número de infracciones de 357 a 80 y las causales de aprehensión de mercancías de 42 a 26. Según Juan Diego Cano, de ANALDEX, el cambio más significativo es que la clasificación de infracciones ya no se basará en el tipo de usuario aduanero, sino “en la conducta y la obligación incumplida”, lo que simplifica y da coherencia al régimen. La propuesta, construida con la participación de gremios y el sector privado, también refuerza principios como la legalidad, la favorabilidad y la prohibición de la doble sanción. El Congreso tiene hasta el 20 de junio de 2026 para aprobar la nueva ley.