Rechazo del Gremio Empresarial (ANDI) a la Reforma Tributaria

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) ha solicitado formalmente al Congreso de la República archivar el proyecto de reforma tributaria del Gobierno. El gremio argumenta que la iniciativa, lejos de contribuir a la reactivación, tendría graves consecuencias para la economía del país en áreas como la inversión, la competitividad y la inflación. En un documento enviado a los congresistas, la ANDI expresó su “inmensa preocupación” y calificó el proyecto como eminentemente recaudatorio, sin abordar problemas estructurales del sistema tributario como la evasión y la informalidad. Entre sus críticas más fuertes, el gremio destaca que la propuesta elevaría la carga tributaria a niveles que harían de Colombia una de las jurisdicciones menos competitivas a nivel global. Señalan que la “tasa nominal combinada (sociedad-socio) sobre utilidades empresariales de los inversionistas del exterior” podría subir del 48% hasta el 65% en sectores con sobretasas, y para los inversionistas nacionales residentes, alcanzaría “niveles de hasta el 70.5%”. La asociación también rechaza el aumento del impuesto al patrimonio hasta el 5%, calificándolo de “antitécnico”, y critica el incremento en la tributación para personas naturales que ganan más de 10 salarios mínimos. Como alternativa, la ANDI propone trazar una ruta para reducir la tarifa del impuesto de renta a las empresas, con el fin de estimular la inversión y el crecimiento. Además, el gremio considera que el Presupuesto General de la Nación para 2026 no refleja un mensaje de austeridad y que se requeriría un recorte adicional significativo para asegurar la sostenibilidad fiscal.

En resumen

La ANDI lidera una férrea oposición del sector empresarial a la reforma tributaria, advirtiendo sobre un impacto económico negativo y proponiendo un enfoque alternativo centrado en la competitividad y la austeridad en el gasto. Esta postura representa un obstáculo político y técnico de gran envergadura para las aspiraciones fiscales del Gobierno.