Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte oposición.

Partidos como Cambio Radical, Liberal y Centro Democrático han manifestado su rechazo unificado, argumentando que “el país no necesita más impuestos ni promesas vacías” y que el ajuste fiscal debe provenir de un recorte en el gasto público. A esta postura se suma el gremio empresarial, que advierte sobre los efectos negativos en la inversión y la competitividad. Para buscar consensos, el Gobierno ha realizado ajustes al texto original, que preveía un recaudo de $26,3 billones, y el presidente Gustavo Petro anticipó que se descartarían impuestos a la gasolina y la cerveza. A pesar de estos gestos, el ambiente político sigue siendo adverso y el tiempo apremia, pues el Congreso solo tendría unas cinco semanas de sesiones ordinarias para completar los cuatro debates requeridos, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre su aprobación final.