Este acercamiento inicial pretende evitar la necesidad de recurrir a medidas coercitivas más severas. Sin embargo, la entidad ha sido clara en que, de no obtener una respuesta positiva, se procederá con las acciones legales correspondientes, que incluyen el embargo de cuentas bancarias o de bienes de los deudores. Esta campaña de cobro se enmarca en los esfuerzos continuos de la administración de Bogotá por sanear las finanzas públicas y garantizar los recursos necesarios para la ejecución de sus programas y proyectos.