La denominada Ley de Financiamiento tiene como objetivo principal recaudar $16,3 billones, una cifra necesaria para equilibrar las cuentas públicas y financiar el presupuesto aprobado de $546,9 billones para 2026. La meta de recaudo fue ajustada desde una propuesta inicial de $26,3 billones tras un proceso de concertación con sectores políticos y económicos. El trámite legislativo comenzó formalmente a finales de octubre y se espera que la ponencia para primer debate esté lista en las primeras semanas de noviembre. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha reiterado que la reforma mantendrá un enfoque progresivo, concentrando la carga en los ingresos más altos y sin afectar los bienes esenciales de la canasta familiar ni la gasolina. A pesar de los ajustes, el texto mantiene gravámenes clave como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, tributos al sector financiero e impuestos ambientales. Adicionalmente, se contempla un IVA de hasta el 19 % para productos importados que actualmente no lo pagan, buscando equilibrar la competencia con la industria nacional. Analistas económicos, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), han expresado preocupación por el posible impacto de estas medidas sobre la inversión y el ahorro, pidiendo una evaluación técnica para no afectar el dinamismo económico. La aprobación de la reforma es crucial, ya que, de no pasar, el presupuesto quedaría parcialmente desfinanciado, comprometiendo programas sociales y de infraestructura.