Según Carlos Emilio Betancourt, director (e) de la DIAN, la propuesta fue construida en conjunto con gremios empresariales y académicos. Uno de los cambios más significativos es la simplificación del sistema: se propone reducir el número de infracciones de 357 a 80 y las causales de aprehensión de mercancías de 42 a 26. Además, se introducen principios como la gradualidad en las sanciones y la prohibición de la doble sanción por un mismo hecho. Juan Diego Cano, de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), respaldó el proyecto, destacando que abandona la clasificación de infracciones por tipo de usuario para centrarse en la conducta, lo que elimina redundancias. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio de 2026 para aprobar la ley y subsanar el vacío normativo dejado por el fallo de la Corte.