Aunque el objetivo es unificar el tratamiento tributario y reducir el arbitraje, diversos sectores advierten sobre graves riesgos para la inclusión financiera y la formalización económica. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el gremio Colombia Fintech han expresado su preocupación, argumentando que la medida podría encarecer las transacciones digitales y desincentivar su uso, provocando un retroceso hacia el efectivo. Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales, señaló que “una medida que encarece la digitalización del sistema financiero puede traducirse en un retroceso”, afectando especialmente a las ciudades capitales que concentran más del 35% de estas operaciones. El impacto sería particularmente severo para los micronegocios y la economía popular, que dependen de estos medios de pago y operan con márgenes de utilidad muy bajos. Gravar estas transacciones podría obligar a los comerciantes a trasladar el costo al consumidor o a volver a la informalidad para evadir la carga tributaria.

Por ejemplo, una transferencia de un millón de pesos a través de una billetera digital implicaría un descuento de $15.000 como anticipo de impuesto. Los gremios recuerdan que, si bien el decreto eximiría a personas naturales no responsables de IVA, la carga operativa y el aumento de costos podrían frenar la innovación y la bancarización, que han crecido exponencialmente en los últimos años, con más de 54 millones de usuarios de billeteras digitales en el país.