La designación de los ponentes marca el inicio formal de un debate legislativo crucial para las finanzas del país y la financiación de otras reformas sociales. La propuesta, que originalmente apuntaba a un recaudo de $26,3 billones, fue ajustada a $16,3 billones en concordancia con el recorte del Presupuesto General de la Nación para 2026. Estos recursos son considerados vitales, ya que de su aprobación depende directamente la financiación de la reforma a la salud, cuyo debate en la Comisión Séptima del Senado fue suspendido indefinidamente hasta que se garantice su sostenibilidad financiera. El ministro de Hacienda encargado, Carlos Emilio Betancourt, ha defendido la conveniencia del proyecto para todas las fuerzas políticas, argumentando que “a todo gobernante le gusta gobernar con plata” y que “al gobierno que venga le van a servir los recursos”. La reforma propone nuevos gravámenes a licores (con excepción de la cerveza), juegos de suerte y azar en línea y al sector de hidrocarburos, entre otros. El presidente Gustavo Petro ya ha hecho concesiones, como retirar propuestas de aumento a los impuestos a la gasolina y la cerveza.

Sin embargo, el camino legislativo no será fácil.

El Gobierno se encuentra en minoría en el Congreso y enfrenta una creciente oposición, lo que augura un debate complejo en las pocas semanas que restan de la legislatura. La designación de los coordinadores ponentes, entre ellos Carlos Arturo Vallejo Beltrán y Kelyn Johana González Duarte en la Cámara, es una señal política clave que permitirá anticipar las dificultades o facilidades que tendrá el Ejecutivo para sacar adelante una de sus últimas grandes apuestas fiscales.