Una controversial propuesta de decreto del Gobierno Nacional busca unificar la retención en la fuente para todos los pagos electrónicos, aplicando una tarifa del 1,5 % a transacciones comerciales realizadas a través de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, y el sistema Bre-B. La medida ha generado un amplio rechazo de gremios económicos, sectores políticos y la ciudadanía, quienes advierten sobre graves riesgos para la inclusión financiera y la formalización de la economía. El Ministerio de Hacienda y la DIAN justifican la medida como una forma de “nivelar la cancha” y eliminar el arbitraje tributario, ya que los pagos con tarjetas de crédito y débito actualmente tienen dicha retención del 1,5 %. Las autoridades han aclarado que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste al mecanismo de recaudo anticipado, y que no afectaría las transferencias entre personas naturales que no constituyan un ingreso gravable, como giros a familiares o amigos. Asimismo, estarían exentas las personas naturales no responsables del IVA.
Pese a estas aclaraciones, la propuesta ha sido criticada duramente.
Gremios como Asocapitales, Colombia Fintech, Asobancaria y Anif han advertido que encarecer los pagos digitales podría desincentivar su uso, provocar un retroceso hacia el efectivo, y afectar desproporcionadamente a los micronegocios y emprendedores que dependen de estas plataformas. Andrés Santamaría Garrido, director de Asocapitales, señaló que “una medida que encarece la digitalización del sistema financiero puede traducirse en un retroceso”. Políticos como el presidente del Senado, Lidio García, y la senadora María Fernanda Cabal también han rechazado la iniciativa, argumentando que frena la innovación y la formalización. La medida es vista por algunos como un intento del Gobierno por conseguir recursos ante un presupuesto desfinanciado, con el riesgo de sacrificar avances en la modernización financiera del país.
En resumenEl plan del Gobierno de aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos digitales comerciales ha provocado una fuerte controversia. A pesar de las aclaraciones oficiales de que no es un nuevo impuesto y cuenta con exenciones, críticos de los sectores económico y político sostienen que podría socavar la inclusión financiera, perjudicar a los pequeños comercios y revertir el progreso en la reducción del uso de efectivo.