Gobierno Propone Polémica Retención del 1,5% a Pagos Digitales

El Gobierno Nacional ha desatado una intensa controversia con un proyecto de decreto para aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos por compras de bienes o servicios a través de billeteras digitales y sistemas como Bre-B. La medida busca unificar el tratamiento tributario con los pagos con tarjeta, pero ha generado un rechazo generalizado por su posible impacto en la inclusión financiera y la formalización económica. El Ministerio de Hacienda justifica la propuesta argumentando la necesidad de eliminar el arbitraje fiscal y “nivelar la cancha”, ya que las transacciones con tarjetas de crédito y débito actualmente tienen dicha retención. La DIAN y el ministerio han aclarado que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de renta, y que no afectaría las transferencias personales entre ciudadanos, como giros a familiares o amigos, sino únicamente a los comercios que reciben ingresos gravables. Además, especifican que las personas naturales no responsables del IVA y los contribuyentes del régimen simple de tributación estarían exentos.

A pesar de las aclaraciones, la propuesta ha sido criticada por gremios como Asobancaria, Fedesarrollo y Colombia Fintech, así como por expertos y políticos.

Advierten que la medida podría ser un “tiro en el pie”, desincentivando la adopción de pagos digitales, fomentando un regreso al uso del efectivo y afectando desproporcionadamente a pequeños comercios y emprendedores con bajos márgenes de utilidad. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que la medida “va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”. La controversia surge en un momento clave, justo después del lanzamiento del sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República, diseñado para ser de bajo costo y promover la digitalización, cuyos objetivos podrían verse socavados por este nuevo costo fiscal.

En resumen

La propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5% a pagos digitales para equipararlos con los pagos con tarjeta ha generado un fuerte rechazo de sectores económicos y financieros. A pesar de las aclaraciones oficiales de que no es un nuevo impuesto y que excluye transacciones personales, los críticos sostienen que la medida perjudicará a los pequeños comercios, frenará la inclusión financiera y podría incentivar el regreso al efectivo.