Propuesta de Retención del 1,5 % a Pagos Digitales Genera Fuerte Controversia

El Gobierno Nacional ha generado un intenso debate con su propuesta de decreto para aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos digitales, buscando equiparar el tratamiento fiscal con el de las tarjetas de crédito y débito. La medida ha suscitado una fuerte oposición de gremios financieros, tecnológicos y comerciantes, quienes advierten sobre posibles retrocesos en la inclusión financiera y la formalización económica. El proyecto de decreto, publicado por el Ministerio de Hacienda, busca unificar la tarifa de retención para todas las operaciones electrónicas que constituyan un ingreso gravado. Según la cartera y la DIAN, no se trata de un nuevo impuesto, sino de “ajustar Retención en la fuente ya existente” para eliminar el arbitraje entre distintos medios de pago. Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la DIAN, aclaró que la medida no afectará a los consumidores, sino a los comercios que venden bienes o prestan servicios, y que las transacciones personales entre ciudadanos en plataformas como Nequi, Daviplata o Bre-B no estarán sometidas a retención. Asimismo, se precisó que las personas naturales no responsables del IVA y los contribuyentes del régimen simple de tributación quedarían exentos.

A pesar de las aclaraciones, la propuesta ha sido ampliamente criticada.

Gremios como Asocapitales, Asobancaria y Colombia Fintech, así como centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif, han manifestado su preocupación.

Advierten que la medida podría encarecer los costos de transacción, desincentivar el uso de medios digitales y fomentar un regreso al efectivo, lo que afectaría especialmente a micro y pequeños comercios con márgenes de ganancia reducidos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, calificó la propuesta como “un tiro en el pie” que podría frenar la consolidación de sistemas de pago inmediato como Bre-B, una iniciativa del Banco de la República diseñada para ser de bajo costo y promover la formalización.

En resumen

La propuesta del Gobierno de aplicar una retención del 1,5 % a pagos digitales para igualarla con las tarjetas ha provocado un rechazo generalizado. Aunque las autoridades insisten en que no es un impuesto nuevo y que excluye transacciones personales y a ciertos contribuyentes, diversos sectores advierten que podría desincentivar la digitalización financiera, perjudicar a pequeños comercios y contrarrestar los avances en inclusión.