Advierten que un aumento de hasta el 40% en la carga fiscal sobre licores destilados podría tener consecuencias económicas y sociales negativas, principalmente el fortalecimiento del mercado ilegal. En una declaración conjunta respaldada por gremios como ACIL y Prolicores, la industria señala que una subida de precios tan drástica en el licor legal no desincentivará el consumo problemático, sino que lo desviará hacia el contrabando y la adulteración. Estiman que el mercado ilícito, que actualmente representa el 22,4% del consumo, podría duplicarse hasta alcanzar el 50%, lo que pondría “en riesgo la vida del consumidor”. Además del riesgo para la salud pública, las empresas subrayan el impacto económico adverso. El sector licorero, que representa el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos, aporta anualmente 3,9 billones de pesos al fisco, recursos destinados a financiar la salud y la educación en los departamentos.

Un debilitamiento del sector formal reduciría estos ingresos.

En su comunicado, las compañías, que incluyen desde la Fábrica de Licores de Antioquia hasta Diageo y Pernod Ricard, hacen un llamado al diálogo técnico y constructivo, afirmando: “Hoy no hay marcas, hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”. Argumentan que el consumo moderado de bebidas como el aguardiente o el ron forma parte de la identidad cultural del país y que una política fiscal punitiva solo fomentaría la clandestinidad.