Sin embargo, la iniciativa ha encontrado un rechazo casi unánime en los sectores financiero, tecnológico y comercial. Gremios como Asobancaria, Fedesarrollo y Colombia Fintech, junto con expertos y figuras políticas, han advertido que la medida podría ser un “tiro en el pie” para la inclusión financiera. Argumentan que encarecer las transacciones digitales desincentivaría su uso, especialmente entre pequeños comercios y emprendedores con márgenes de ganancia reducidos, y fomentaría un regreso al uso del efectivo, afectando la formalización y la trazabilidad de la economía. La propuesta llega en un momento crítico, justo después del lanzamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, cuya gratuidad y masificación se verían comprometidas. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, calificó la propuesta como una “muy mala idea” que “va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”.