Sin embargo, estas aclaraciones no han calmado las críticas.

Gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, junto a centros de pensamiento como Fedesarrollo y Anif, advierten que la medida podría ser un "tiro en el pie", desincentivando la adopción de pagos digitales, frenando la inclusión financiera y fomentando un regreso al uso del efectivo. Expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, argumentan que la propuesta “va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”. La preocupación central es que el cobro afecte principalmente a pequeños comercios y emprendedores con bajos márgenes de rentabilidad, quienes podrían trasladar el costo al consumidor o simplemente dejar de aceptar pagos electrónicos. La controversia también ha escalado al ámbito político, con figuras como la senadora María Fernanda Cabal anunciando demandas y el presidente del Senado, Lidio García, rechazando la propuesta.