El Gobierno Nacional ha desatado una considerable controversia con un proyecto de decreto que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos comerciales realizados a través de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, y el nuevo sistema de pagos inmediatos Bre-B. La iniciativa pretende equiparar el tratamiento fiscal de estos medios con el de las tarjetas de crédito y débito, que ya están sujetas a dicha retención. El Ministerio de Hacienda y la DIAN han defendido la medida argumentando que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste para lograr “equidad horizontal entre los medios de pago diferentes al efectivo” y mejorar la trazabilidad. Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la DIAN, aclaró que la retención solo aplicaría a transacciones que constituyan un ingreso gravado por la venta de bienes o servicios, y no a transferencias personales entre ciudadanos.
Además, estarían exentas las personas naturales no responsables del IVA y los contribuyentes del régimen simple.
Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con un rechazo casi unánime por parte de gremios, expertos y la ciudadanía. La Asobancaria calificó la idea como un “craso error” que podría frenar la masificación de los pagos electrónicos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la describió como “un tiro en el pie para un sistema que apenas empieza a consolidarse”, advirtiendo que podría desincentivar la formalización y fomentar el regreso al uso de efectivo. Las críticas se centran en que la medida contradice el objetivo de gratuidad e inclusión financiera de Bre-B, afectando principalmente a pequeños comercios y emprendedores con márgenes de ganancia reducidos.
Sondeos en redes sociales reflejaron una oposición superior al 90 %, evidenciando la preocupación ciudadana por el impacto en la economía diaria.
En resumenLa propuesta de aplicar una retención del 1,5 % a pagos comerciales digitales ha generado una fuerte oposición. Aunque el Gobierno la defiende como una medida de equidad tributaria, gremios y expertos advierten que podría desincentivar la digitalización financiera, afectar a los pequeños comercios y socavar la adopción del nuevo sistema de pagos Bre-B.