El principal argumento es que un encarecimiento del licor legal no reduce el consumo, sino que lo desvía hacia el mercado ilícito. Según cifras del sector, el licor ilegal ya representa el 22,4% del consumo nacional, y con la reforma, esta cifra podría ascender a un “alarmante 50%”, lo que aumentaría el riesgo para la salud de los consumidores por la exposición a bebidas adulteradas.

Además, la industria resalta su importancia económica y social.

Anualmente, el sector aporta 3,9 billones de pesos en impuestos, recursos que son fundamentales para financiar la salud y la educación en los departamentos, cubriendo el salario de más de 230.000 maestros y profesionales de la salud. También genera más de 200.000 empleos directos e indirectos.

Las licoreras hacen un llamado a un diálogo con el Gobierno para construir una política tributaria equilibrada, bajo el lema: “Hoy no hay marcas: hay un país unido por la legalidad, el empleo, la cultura y la vida de los colombianos”.