Además, se especifica que las personas naturales no responsables de IVA y los contribuyentes del régimen simple de tributación estarían exentos. Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN, precisó que “no se verán afectadas las personas que hacen los pagos, sino los comercios”.

A pesar de estas explicaciones, la propuesta ha encontrado un rechazo casi unánime. Asobancaria advirtió que la medida “podría frenar la masificación de medios de pago electrónicos”. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la calificó como “un tiro en el pie para un sistema que apenas empieza a consolidarse”, argumentando que podría incentivar el regreso al efectivo. Por su parte, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, alertó que “el efecto sería un desistimiento de los comercios por adoptar un sistema de pagos que busca formalizarlos”. Expertos y empresarios coinciden en que la medida llega en un mal momento, justo cuando el sistema Bre-B, diseñado por el Banco de la República para reducir el uso de efectivo, apenas comienza a ganar tracción.