El Congreso de la República ha aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2026 por un valor de $546,9 billones, una decisión que, si bien define la hoja de ruta del gasto público, deja un déficit fiscal que obliga al Gobierno a tramitar una nueva Ley de Financiamiento para asegurar los recursos faltantes. La aprobación del presupuesto, que se logró tras un acuerdo para recortar $10 billones del monto inicial propuesto por el Gobierno, fue calificada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como un "ejercicio constructivo y dinámico" con el Legislativo. Sin embargo, el texto finalizado aún depende de la consecución de $16,3 billones adicionales que no están garantizados con las fuentes de recaudo actuales. Esta brecha fiscal convierte la presentación y aprobación de una nueva reforma tributaria en una necesidad ineludible para la administración.
El presupuesto aprobado prioriza sectores como educación ($88,2 billones), salud ($78,1 billones) y defensa ($65,7 billones), manteniendo los ejes del Plan Nacional de Desarrollo.
La aprobación en el Senado, con 50 votos a favor y 27 en contra, acogió el texto previamente avalado por la Cámara de Representantes, evitando la necesidad de una conciliación. Analistas y miembros del Congreso han señalado que, sin los ingresos de la reforma, el déficit fiscal podría aumentar significativamente, incumpliendo las metas de la regla fiscal.
Por tanto, la aprobación del presupuesto es vista como una victoria política para el Gobierno que le da un nuevo aire a su agenda reformista, pero al mismo tiempo lo ata a un complejo debate tributario en un año preelectoral.
En resumenLa aprobación del presupuesto de $546,9 billones para 2026 es un paso clave, pero su financiamiento está incompleto. Esto hace que la tramitación de una nueva reforma tributaria, con una meta de recaudo de $16,3 billones, sea una prioridad urgente y políticamente desafiante para el Gobierno.