En una declaración conjunta, las licoreras departamentales y multinacionales como Diageo y Pernod Ricard manifestaron su profunda preocupación.

Argumentan que la medida no desincentivará el consumo, sino que lo desviará hacia productos de contrabando o adulterados, que ya representan el 22,4 % del mercado y podrían llegar al 50 %. "La experiencia histórica demuestra que encarecer el trago legal no frena el consumo, sino que lo desvía hacia el mercado ilícito, poniendo en riesgo la vida del consumidor", señalaron. El gremio subraya que la propuesta "castigaría directamente la legalidad" al ser selectiva y no incluir otros segmentos de bebidas alcohólicas. Además, resaltaron el impacto económico negativo que podría tener la medida, recordando que la industria aporta anualmente $3,9 billones en impuestos, financia el salario de miles de maestros y enfermeras, y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos. Las empresas hicieron un llamado al diálogo para construir una política fiscal equilibrada que no ponga en riesgo la formalidad ni los ingresos que sostienen programas sociales clave en las regiones.