La aprobación del presupuesto no estuvo exenta de negociaciones. El monto final representa un recorte de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno de $556,9 billones. Este ajuste, descrito por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como un "ejercicio constructivo y dinámico", fue clave para alcanzar un consenso con el legislativo. Sin embargo, la dependencia de una futura ley tributaria para cubrir el faltante ha generado críticas y preocupación. El senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda, expresó su rechazo a esta metodología, advirtiendo: "No vamos a votar con los ojos cerrados una reforma tributaria de 16 billones". Según Cepeda, es irresponsable aprobar un presupuesto desfinanciado mientras el Gobierno, según él, no ha ejecutado $80 billones del presupuesto actual. Por su parte, el ministro Ávila confía en que el ambiente de diálogo que permitió aprobar el PGN se mantendrá para la discusión de la ley de financiamiento, la cual, según él, será progresiva y no afectará a las clases populares. El futuro de la ejecución presupuestal y la estabilidad fiscal del país en 2026 dependerá enteramente del éxito que tenga el Ejecutivo en tramitar y aprobar esta crucial reforma antes de que finalice el año.