El ministro de Hacienda, Germán Ávila, describió el proceso como un “ejercicio constructivo y dinámico” que permitió ajustar el presupuesto sin sacrificar prioridades sociales. Para facilitar su trámite en un año preelectoral, el Ejecutivo ha decidido retirar las propuestas más sensibles, como el incremento al IVA de la gasolina y el impuesto a la cerveza, por ser un producto de “amplio consumo social”. En su lugar, la reforma se concentrará en tributos considerados más progresivos.

Se mantendrán los incrementos al impuesto al patrimonio para bienes superiores a $2.000 millones y al impuesto de renta para personas con ingresos mensuales por encima de $10,2 millones, asegurando, según el ministro, que “no se tocarán los estratos bajos ni los medios”.

Asimismo, se buscará que el sector financiero “aporte más a las finanzas del país”.

A pesar de la confianza del Gobierno en construir mayorías, la propuesta enfrenta escepticismo.

El senador Efraín Cepeda anunció su voto negativo, argumentando que el Congreso no debe aprobar “con los ojos cerrados” una reforma de tal magnitud, especialmente cuando, según él, el Gobierno no ha ejecutado $80 billones del presupuesto actual.