El objetivo era permitir que otras empresas legalmente constituidas utilizaran estas facturas fraudulentas para apropiarse indebidamente del impuesto sobre las ventas (IVA) o para disminuir ilegalmente su base gravable del impuesto sobre la renta.

La judicialización de estos casos demuestra un avance significativo en la lucha contra el fraude fiscal, pasando de la identificación administrativa de irregularidades a la imposición de consecuencias penales y patrimoniales para los responsables. Las operaciones conjuntas han permitido aplicar medidas de extinción de dominio sobre 40 bienes inmuebles.

Además de estas acciones punitivas, la DIAN está llevando a cabo acciones persuasivas con 3.638 contribuyentes que realizaron transacciones con proveedores ficticios, invitándolos a corregir voluntariamente sus declaraciones para evitar sanciones formales. Estas medidas combinan la prevención con la sanción, buscando desmantelar por completo los esquemas de evasión en el país.