La facturación electrónica se consolida en Colombia con fuertes sanciones por incumplimiento

La facturación electrónica ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación ineludible y un pilar de la fiscalización en Colombia. Con más de 15.566 contribuyentes habilitados para emitir facturas electrónicas hasta agosto de 2025 y un promedio de 10 millones de documentos generados diariamente, la DIAN ha intensificado sus controles y endurecido las sanciones para quienes no cumplan con la normativa. El incumplimiento de esta obligación conlleva severas consecuencias. Según expertos, las multas pueden oscilar entre el 1 % y el 5 % del valor de las operaciones no facturadas, y en casos de reincidencia, puede llevar al cierre temporal de los establecimientos. De hecho, la DIAN reportó 1.457 cierres por esta causa hasta marzo de 2025. Matías Umaschi, CEO de Payana, advierte que la DIAN cruza millones de datos en tiempo real y que los errores en la información exógena, las retenciones en la fuente o las inconsistencias en las declaraciones pueden derivar en sanciones automáticas de hasta el 100 % del mayor valor del impuesto. La precisión se ha vuelto crucial en el cierre fiscal de 2025, ya que “el desafío ya no está en reportar, sino en verificar que lo que está registrado sea correcto”. Más allá de la obligación legal, la adopción de la facturación electrónica ofrece ventajas competitivas, como la optimización de procesos, la reducción de costos y una mayor transparencia, lo que fortalece la confianza en el ecosistema empresarial.

En resumen

La DIAN ha consolidado la facturación electrónica como una herramienta central de control fiscal, exigiendo a las empresas máxima rigurosidad para evitar sanciones económicas y cierres, al tiempo que impulsa la transformación digital y la eficiencia en el país.

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