Sin embargo, la iniciativa ha generado una fuerte controversia política. El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, calificó la estrategia del Gobierno como una “extorsión al Congreso”, argumentando que el Ejecutivo busca condicionar la aprobación del presupuesto a la aceptación de nuevas cargas tributarias, bajo la amenaza de no contar con recursos para la inversión social. Este pulso político se suma a las advertencias de analistas económicos sobre el incumplimiento de las metas de recaudo para 2025. Informes de entidades como Bancolombia y Banco de Bogotá proyectan un faltante de entre 8 y 10 billones de pesos, lo que podría elevar el déficit fiscal cerca del 8 % del PIB. Este panorama de ingresos insuficientes refuerza la urgencia del Gobierno por tramitar la reforma, aunque el camino en el Congreso se anticipa complejo debido a la resistencia de la oposición y las preocupaciones sobre el impacto en los hogares y la inversión.