Entre las modificaciones discutidas se encuentran aumentos en las tarifas de renta para ciertos sectores como el de hidrocarburos, incrementos en el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, un aumento del gravamen a los dividendos del 20 % al 30 %, y la imposición de un impuesto al patrimonio.

El proyecto ha encontrado una fuerte oposición.

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, calificó la estrategia del gobierno como una “extorsión al Congreso”, argumentando que se busca condicionar la aprobación del presupuesto a la aceptación de mayores cargas tributarias. “Si el Congreso no aprueba más impuestos, dicen que no habrá plata para la inversión social.

Eso es una forma de extorsión institucional”, advirtió Espinal.

Desde la oposición se insiste en que la solución no debe ser aumentar la carga sobre los ciudadanos, sino mejorar la eficiencia del gasto público y combatir la evasión. Expertos y analistas señalan que la discusión debe enmarcarse en los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, cuestionando si el proyecto actual los cumple. El debate definirá el rumbo económico del país y el margen de maniobra del Ejecutivo para el próximo año.