Sin embargo, la iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia política. El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, calificó la estrategia del Ejecutivo como una “extorsión al Congreso”, argumentando que se busca condicionar la aprobación del presupuesto a la aceptación de mayores impuestos. Según Espinal, “el Gobierno pretende usar el presupuesto como una herramienta de chantaje político.

Si el Congreso no aprueba más impuestos, dicen que no habrá plata para la inversión social”. Adicionalmente, expertos han cuestionado si el proyecto se alinea con los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, advirtiendo que una carga impositiva excesiva podría desestimular el recaudo y afectar a los ciudadanos y la inversión.