Esta situación agudiza la presión sobre las finanzas públicas y sirve como principal argumento del Ejecutivo para impulsar una nueva reforma fiscal.

Informes de entidades como Bancolombia y el Banco de Bogotá indican una brecha significativa entre lo recaudado y lo proyectado. El Grupo Cibest de Bancolombia estimó que para septiembre la brecha con la meta gubernamental era de 9,2 billones de pesos, mientras que el Banco de Bogotá calculó un faltante de 3,2 billones netos para el mismo mes. Las proyecciones para el cierre de 2025 son aún más pesimistas, anticipando un faltante total de entre 8 y 10 billones de pesos.

Este subcumplimiento se atribuye a un desempeño menor al esperado en impuestos clave como la renta y el IVA interno.

La situación es tan crítica que los analistas advierten que el déficit fiscal podría acercarse al 8 % del PIB. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha reforzado esta preocupación, al revelar en un informe al Congreso que uno de cada tres pesos recaudados por impuestos se destina al pago de la deuda del país, lo que “restringe el espacio de gasto social y productivo”. Este contexto de “caída en los ingresos fiscales y el incremento del gasto público”, como lo han descrito fuentes legislativas, es la justificación central del Ministerio de Hacienda para la necesidad de revisar el sistema tributario y buscar nuevas fuentes de financiamiento para el presupuesto de 2026.