El Gobierno Nacional avanza en una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de recaudar los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2026, estimado en cerca de 26 billones de pesos. La iniciativa surge en un contexto de deterioro de las finanzas públicas, marcado por la caída de los ingresos tributarios y el aumento del déficit, lo que ha encendido un profundo debate sobre la sostenibilidad fiscal y el impacto de nuevas cargas impositivas. La propuesta, que según expertos tiene el alcance de una reforma tributaria estructural, contempla modificaciones significativas como el aumento de tarifas en el impuesto de renta para el sector de hidrocarburos, incrementos en el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y ajustes en los gravámenes a los dividendos, el patrimonio y las ganancias ocasionales. El Ejecutivo defiende la medida como indispensable para garantizar la estabilidad macroeconómica y evitar un endeudamiento excesivo. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia en el Congreso. El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, ha calificado la estrategia gubernamental como una “extorsión al Congreso”, argumentando que se busca condicionar la aprobación del presupuesto a la aceptación de más impuestos. “El Gobierno pretende usar el presupuesto como una herramienta de chantaje político.
Si el Congreso no aprueba más impuestos, dicen que no habrá plata para la inversión social”, advirtió Espinal.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha añadido una capa de complejidad al debate, señalando que el presupuesto de 2026 requiere un recorte de 45 billones de pesos y que, incluso si se aprueba una ley de financiamiento por 16 billones, persistiría un faltante cercano a los 30 billones. Además, el Carf alertó sobre los posibles “efectos macroeconómicos adversos” de algunas de las medidas propuestas, como el incremento al impuesto al patrimonio y los cambios en la tributación de dividendos.
En resumenLa propuesta de reforma fiscal para 2026 es el epicentro de un complejo debate que enfrenta la necesidad de financiamiento del Gobierno con la resistencia política y las advertencias técnicas sobre su impacto económico. Su aprobación es incierta y definirá el rumbo fiscal del país en un escenario de altas presiones de gasto y vulnerabilidad financiera.