La propuesta ha generado una amplia controversia por sus posibles efectos en la economía, la inversión y la carga impositiva para ciudadanos y empresas. El proyecto incluye modificaciones significativas, como el aumento de la tasa efectiva de renta para empresas de hidrocarburos al 90%, el incremento del impuesto a los dividendos del 20% al 30%, la imposición de un impuesto al patrimonio del 0.5%, y el aumento de gravámenes a las ganancias ocasionales, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehículos híbridos. La iniciativa surge en un contexto de presiones fiscales, pero ha sido recibida con escepticismo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que algunas de las medidas propuestas “podrían generar efectos macroeconómicos adversos, incluso en las perspectivas de crecimiento de mediano plazo”. El CARF resaltó específicamente sus preocupaciones sobre el incremento de tarifas del impuesto al patrimonio y la eliminación de descuentos tributarios a los dividendos. Los expertos recuerdan que el sistema tributario debe fundarse en los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, y cuestionan si el proyecto los cumple, especialmente en un año electoral que hace incierta su aprobación.