Esta medida es presentada no solo como una herramienta de recaudo, sino como una política de desarrollo costo-efectiva para salvar vidas, reducir inequidades y aliviar la carga sobre el sistema de salud generada por las enfermedades no transmisibles (ENT). El consumo de tabaco y alcohol es responsable de más de 45.000 muertes prematuras anuales en el país. El caso del tabaco es un ejemplo de éxito: la reforma de 2016 triplicó el impuesto, lo que provocó una caída del 34% en el consumo de cigarrillos entre 2016 y 2018 y duplicó el recaudo, desmintiendo los temores sobre un aumento descontrolado del contrabando. En contraste, el panorama del alcohol es alarmante. La cerveza, que representa el 95% del consumo, tiene un precio bajo que facilita el inicio temprano en adolescentes, en promedio a los 13 años. “Reforzar los impuestos es clave para retrasar la edad de inicio y reducir daños en salud pública”, subrayó Juan Camilo Herrera, investigador de PROESA.

Un rediseño tributario para el alcohol podría reducir el consumo en un 11% y prevenir 1.400 muertes anuales.

La propuesta de aumentar estos gravámenes forma parte del proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso, que busca incrementar las tarifas del impuesto al consumo de estas bebidas y cigarrillos. Paul Rodríguez, de la Universidad del Rosario, enfatizó que “los impuestos saludables no son un asunto fiscal: son una política de vida”.