La propuesta incluye modificaciones significativas en impuestos de renta, consumo, patrimonio y ganancias ocasionales, lo que ha suscitado preocupación en diversos sectores económicos. La reforma plantea aumentar la tasa efectiva de renta para empresas de hidrocarburos, elevar las tarifas del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y subir el gravamen a los dividendos del 20% al 30%. También se propone un impuesto al patrimonio y un incremento en las tarifas de ganancias ocasionales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha expresado inquietudes específicas, señalando que medidas como el incremento de tarifas del impuesto al patrimonio y la eliminación del descuento tributario de dividendos podrían tener “efectos macroeconómicos adversos”. Además, el Carf advierte que los recursos adicionales por $6,4 billones contemplados en el proyecto para 2026 son inciertos.

Desde una perspectiva constitucional, se cuestiona si la reforma cumple con el artículo 363 de la Constitución, que exige un sistema tributario equitativo, eficiente y progresivo. Críticos argumentan que una carga impositiva excesiva podría desestimular el recaudo, como lo sugiere la teoría del economista Arthur Laffer, y mermar la capacidad económica de los ciudadanos frente a un Estado con un control del gasto público considerado ineficaz y altos niveles de endeudamiento.