La propuesta busca recaudar recursos adicionales para financiar el presupuesto, pero varias de sus medidas han sido objeto de análisis y críticas. El proyecto contempla modificaciones significativas, como el aumento de tarifas en el impuesto de renta para el sector de hidrocarburos, un incremento en el gravamen a los dividendos del 20% al 30%, y un impuesto al patrimonio del 0.5%. También se proponen alzas en los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, y en el IVA para vehículos híbridos, que pasaría del 5% al 19%.

Analistas económicos han expresado su preocupación, argumentando que una carga impositiva excesiva podría desestimular el recaudo, como lo sugiere la teoría de Laffer. Además, se cuestiona si la reforma cumple con los principios de equidad, eficiencia y progresividad establecidos en el artículo 363 de la Constitución. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha señalado que algunas de las medidas propuestas, como las sobretasas permanentes al sector financiero y de carbón, podrían generar “efectos macroeconómicos adversos”. El debate se centra en encontrar un equilibrio entre la necesidad de cerrar el déficit fiscal y el riesgo de afectar la inversión y la capacidad de pago de los contribuyentes.