El presupuesto de 2026 refleja esta realidad, con una asignación de 102 billones de pesos para el servicio de la deuda, lo que equivale al 18,65 % del total. De esta cifra, casi el 60 % corresponde únicamente al pago de intereses. Aunque el Gobierno presentó una reciente operación de manejo de deuda como un éxito que mejoró el perfil de endeudamiento y redujo la relación deuda/PIB al 60 %, algunos analistas la consideran un alivio contable a corto plazo que simplemente aplaza los vencimientos. El desequilibrio estructural persiste, lo que obliga al Gobierno a buscar fuentes adicionales de financiamiento, como la ley de financiamiento por 16 billones de pesos, cuya aprobación es incierta. Críticos del modelo señalan que este escenario beneficia principalmente al sector financiero, que obtiene comisiones de las operaciones de deuda e invierte en bonos del gobierno en lugar de destinar crédito al sector productivo.