En su informe al Congreso, el Carf, una entidad autónoma adscrita al Ministerio de Hacienda, subraya la inflexibilidad del gasto público como un problema estructural. Astrid Martínez, presidenta del comité, afirmó que el presupuesto de 2026 debe enfrentar un recorte de 45 billones de pesos, incluso si se aprueba la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno. “Si la ley de financiamiento se aprobara por los 16 billones que aparece desfinanciado el presupuesto, todavía quedarían faltando casi 30 billones de ajuste”, sentenció Martínez. El comité también expresó preocupaciones sobre la ley de financiamiento, indicando que cerca del 70% del recaudo esperado proviene de impuestos indirectos, mientras que algunas medidas sobre impuestos directos podrían tener efectos adversos en el crecimiento a mediano plazo. Entre las medidas cuestionadas se encuentran el incremento de tarifas al patrimonio, la eliminación de descuentos a dividendos y sobretasas permanentes a sectores como el financiero y el del carbón. Este panorama fiscal crítico se discute en un contexto en el que el Senado muestra poco ambiente para debatir una nueva reforma tributaria, y mientras la DIAN contempla gravar actividades emergentes, como las plataformas de contenido para adultos, para ampliar la base tributaria.