Esta estrategia busca presionar a los contribuyentes incumplidos y reducir los altos niveles de evasión a nivel nacional y departamental. Un claro ejemplo de esta política de mano dura se vive en Santander, donde la Gobernación ha iniciado un proceso de embargos de cuentas bancarias e inmovilización de vehículos para recuperar una cartera del impuesto vehicular que asciende a $735.000 millones, afectando a más de 261.704 propietarios morosos. Nicolás Saab Ortega, director de Cobro Coactivo de la Gobernación, advirtió que “la primera medida que se adopta es el embargo de las cuentas bancarias”, seguida del reporte a centrales de riesgo, lo que impide a los deudores acceder a créditos o arrendar inmuebles.

Esta ofensiva local se alinea con un cambio a nivel nacional.

Una nueva ley, que ya entró en vigor, permitirá que el embargo de cuentas bancarias por deudas de impuestos se realice de manera mucho más rápida.

Este proceso, que antes podía tardar meses o incluso años en resolverse, ahora será más expedito, fortaleciendo la capacidad del Estado para hacer cumplir las obligaciones tributarias y sancionar a quienes no pagan a tiempo.

La combinación de estas medidas refleja un endurecimiento sistémico en la política de cobro coactivo del país.