Sin embargo, más allá del debate sobre su contenido, su viabilidad política está en duda.

Fuentes legislativas indican que en el Senado "no hay ambiente para discutirla ni aprobarla", lo que anticipa un difícil trámite legislativo para una de las iniciativas económicas más importantes del Gobierno. Esta situación contrasta con el trámite del Presupuesto General de la Nación, donde, en caso de ser rechazado por una de las cámaras, el Ejecutivo tiene la facultad de aprobarlo por decreto en los términos en que fue aprobado por las comisiones económicas. Dicha potestad no es aplicable a la reforma tributaria, que requiere obligatoriamente el visto bueno de las plenarias de ambas cámaras para convertirse en ley. La falta de consenso y el clima de oposición en el Congreso ponen en riesgo no solo el recaudo esperado por el Gobierno para financiar sus programas sociales, sino también uno de los pilares de su plan de desarrollo.