Además, endurece el impuesto al patrimonio, lo hace permanente y aumenta los gravámenes a los dividendos de inversionistas extranjeros.

Según Restrepo, estas medidas dispararían la tasa combinada socio-empresa, que ya superó el 60 % con la reforma de 2022, posicionando a Colombia como una de las jurisdicciones más onerosas para invertir a nivel mundial. Por su parte, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, calificó el incremento de la tarifa de renta para aseguradoras como “prácticamente confiscatoria”, afirmando que “una tributación excesiva termina siendo contraproducente al limitar la capacidad del sector para aportar al desarrollo”. Los críticos argumentan que la reforma anterior ya tuvo efectos negativos, citando la desaceleración del PIB y la caída en la inversión extranjera directa, y temen que esta nueva propuesta agrave la situación, afectando la competitividad y el empleo.