Más allá de ser una obligación fiscal, la factura electrónica se ha consolidado como una herramienta estratégica tanto para el Estado, en su lucha contra la informalidad, como para los contribuyentes, al ser un soporte clave para optimizar su carga tributaria. Para la DIAN, la masificación de la factura electrónica es la “principal estrategia del Gobierno para combatir la economía informal”. Permite una trazabilidad completa de las transacciones comerciales y es la base de su nuevo modelo de fiscalización en tiempo real, que puede detectar inconsistencias y aplicar sanciones en segundos. Este ecosistema digital ha posicionado a Colombia como el tercer país en América Latina en desarrollo de sistemas tributarios digitales.
Para los ciudadanos y empresas, solicitar siempre la factura electrónica es un derecho y una herramienta de planeación financiera. Según la DIAN, este documento es el “soporte principal de las deducciones y descuentos tributarios”. No pedirla puede limitar la capacidad de reportar gastos legítimos en la declaración de renta, lo que podría resultar en un mayor impuesto a pagar. Luis Villegas, de la empresa tecnológica Cadena, resalta que pedir la factura “se traduce en beneficios en la declaración de renta”, ya que aporta “claridad, trazabilidad y orden en cada transacción”.
De este modo, el documento electrónico cumple una doble función: fortalece el control fiscal del Estado y empodera al contribuyente para que pueda hacer valer sus derechos tributarios.
En resumenLa factura electrónica es un pilar del sistema tributario moderno de Colombia, actuando como un instrumento de doble vía que refuerza la capacidad de fiscalización de la DIAN para reducir la evasión y, al mismo tiempo, ofrece a los contribuyentes el soporte indispensable para acceder a deducciones y beneficios fiscales.