Proponía reducir el presupuesto en $10 billones, dejándolo en $546,9 billones, y eliminar varios artículos considerados “peligrosos” por los ponentes.

Esta fragmentación de posturas evidenció la falta de un consenso inicial y la dificultad del Gobierno para asegurar los votos para su propuesta original. Finalmente, fue la ponencia alternativa la que sirvió de base para el acuerdo que permitió la aprobación del presupuesto con el recorte de $10 billones, demostrando que la negociación y la cesión fueron claves para destrabar el debate.