El Superintendente Financiero, César Ferrari, defendió la propuesta argumentando que el país enfrenta un “problema fiscal grande” y que “es natural que las empresas que tienen más utilidades contribuyan más”, destacando que las ganancias del sector bancario están en aumento.

Sin embargo, esta visión contrasta radicalmente con la del sector privado.

La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) ha calificado la medida como “prácticamente confiscatoria”. Su presidente, Gustavo Morales, recordó que el sector ya tributa con una tarifa del 40%, superior a la de otras industrias, y advirtió que una carga tributaria excesiva sería contraproducente para la economía. Este punto de la reforma es uno de los más criticados por analistas como José Manuel Restrepo, quienes lo señalan como un factor que deteriora el clima de inversión en Colombia. El debate refleja una tensión fundamental entre la necesidad del Gobierno de aumentar el recaudo y las advertencias del sector privado sobre los posibles efectos negativos en la estabilidad económica y la inversión.